En nuestras ciudades se producen prácticamente todos los acontecimientos importantes que tienen que ver con nuestras vidas. Son el centro de las decisiones políticas y económicas, donde se hace la televisión y funcionan todos los medios informativos, donde se producen los acontecimientos deportivos estelares, etc, etc.
Todos los estos acontecimientos derivan en mayor o menor medida de nuestra estructura social y económica. Todo ocurre en una sociedad de mercado de rasgos casi-monopolistas donde los poderes económicos, cada vez más independientes del poder político, generan constantes intereses contrapuestos y contradicciones.
El papel del estado y sus instituciones queda relegado a moderar y equilibrar los conflictos, puesto que nuestra sociedad tiende de forma expontánea a la injusticia, mediante la promulgación de leyes, decretos,….. que emanan de la soberania popular cuya máxima expresión son los parlamentos, ayuntamientos, etc.
Nuestra Constitución consagra como cauce de participación política a los partidos y coaliciones en las correspondientes elecciones democráticas. ¿Pero, son suficientes estos cauces?.
En nuestra sociedad pugnan diferentes intereses, por un lado los económicos, por otro los ideológicos; cada uno de ellos tiene sus formas de actuación y organización para la obtención de sus fines, desde una descarada manipulación informativa hasta las presiones comerciales que pueden derivar en “guerras civilizadas”. En muchas ocasiones bordeando la propia ley.
Sin embargo la mayoría de los ciudadanos y vecinos no participa en tales luchas y conflictos, sólo las sufren. Las “direcciones” de estos poderes (no elegidas democráticamente por supuesto) son las que “gobiernan” estos conflictos. Estos grupos y subgrupos de presión pretenden utilizar el estado y sus instituciones como instrumento a sus servicio intentando desviar su papel como elemento de redistribución de justicia social y económica.
En la ciudad el ejemplo paradigmático de lo que se afirma es la presión que soportan los ayuntamientos para que la soberanía popular acepte las tesis del desarrollismo y se reflejen “democráticamente” en los PGOU . La huella de los “poderes latentes” en los mismo es evidente.
Por el contrario, los ciudadanos que sólo votan cada cuatro años suelen, en general, renunciar a contrarestar el papel de los grupos de presión y facilitan con esa actitud la existencia de una sociedad desarticulada, desorganizada socialmente e incluso adoptan posiciones contra el propio sistema democrático, lo que facilita enormemente la acción de aquellos que sí están organizados y que persiguen fines precisos y concretos.
Esta “delegación en la institución” y en los resultados electorales supone abstraerse de la realidad que hemos descrito someramente y por tanto la posible armonización social se convierte en una ilusión idealista, que en el fondo representa una actitud conservadora cuando no reaccionaria puesto que libera de control a las fuerzas del mercado y convierten a estas en el único motor social, que obviamente generará injusticias y desigualdades insolidarias entre los ciudadanos y los territorios.
Por ello, el papel de las organizaciones sociales en defensa de un interés general se hace imprescindible. La locura del mercado no puede modelar nuestras ciudades y nuestras vidas.
Queda justificada la necesidad de la existencia de formas democráticas de participación más allá de las elecciones cuatrianuales. La primera batalla es conseguir que las instituciones esten dispuestas a ceder parte de su poder legítimo a la propia sociedad organizada. Sin esta premisa la participación se reduce a un puro enredo burocrático y a una puerta abierta a la corrupción de personas.
Una política de progreso en sentido amplio, exige cambios radicales en la mentalidad de los gobernantes y será un elemento significativo en la credibilidad social de los diferentes partidos sus posiciones respectivas.
Las cartas de participación ciudadana son en general pobres y timoratas, nacidas del temor a un asambleismo inmaduro y poco representativo.
Debemos apostar por estructuras de participación que hagan a los ciudadanos y ciudadanas más libres y más dueños de su futuro. Ciudadanos y ciudadanas con toda la información objetiva y con capacidad para decidir sobre asuntos que les afecte directamente. Se trata de completar el dibujo de la democracia represenativa con fórmulas más directas y de complicidad con el ciudadano y ciudadana.
Debemos apostar por organizaciones sociales fuertes y estables, independientes y con capacidad para influir en la opinión pública de forma cotidiana en los debates sobre el futuro de las ciudades, capaces de contrarestar la dinámica de las leyes del mercada y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas por encima de intereses particulares y estrechos.
Debemos apostar por nuevas formas de gobernar las ciudades que hagan de los ciudadanos y ciudadanas sujetos activos en la construcción de las mismas frente a la pasividad y el individualismo.
Todo ello requeriría inicialmente discriminaciones positivas hacia aquellas personas que decidan participar en la vida política y social de la ciudad. No olvidemos el carácter voluntario y cívico de nuestros movimientos ciudadanos. La facilidad en los permisos retribuidos que disfrutan los delegados sindicales podría ser un ejemplo para otros movimientos sociales.
También podrían explorarse la posiblidad de habituales referendums locales o de barrio sobre asuntos que les incumba directamente, o el estudio de la propia estructura de una ciudad “policéntrica”, o sea, fuertemente descentralizada.
Romper las inercias sociales es muy dificil porque hay fuerzas que trabajan en el sentido de mantenerlas. Sólo la existencia de un fuerte tejido social permite una esperanza para el futuro de nuestras ciudades y de nuestras vidas. Sin ese fuerte tejido social nuestras vidas discurriran al dictado de “algún ser supremo” intangible, invisible, pero poderoso.
Hoy nuestras ciudades no son cauces suficientes de participación, ni siquiera el sistema electoral favorece el control y la participación. Las nuevas tecnologías abren la posiblidad de que fluya la información e incluso se podría conocer la opinión ciudadana en tiempo real sobre temas concretos. En fin todo al servicio de una sociedad viva y libre.
